La economía, el mercado y los medios

En los noventa, con bastante asombro, se escuchó decir que la Argentina se encaminaba por la Economía Social de Mercado. Una idea que generó más resistencias que adhesiones, puesto que aquello del mercado siempre cae mal en autopropulsados criterios progresistas.
La economía social de mercado, con intervención reguladora del Estado, es una forma de aplicación de la economía de mercado que incluye puntos de vista sociales en la promoción básica de la competencia. De esta manera se ha definido desde 1948 la política económica de la entonces República Federal Alemana, la que posteriormente, sin pocos sacrificios y costos, asumió la unificación alemana y aportó su potencial económico a la consolidación de la Unión Europea y a la emisión del Euro. Pero atención, no nos ilusionemos, por que de ninguna manera fue ese modelo lo que se puso en práctica en Argentina.
En realidad el modelo que impera en muchos países, siendo Argentina un buen representante, podría ser caracterizado por el de la impunidad de presión de los intereses sectoriales, que se instala no por la razón y el consenso, sino por la salvaje imposición económica. Tal vez lo podríamos denominar “Economía Particular de Intereses”. Ese modelo no ha sido dictado directamente por el FMI, aunque su gran responsabilidad es la de tener la capacidad intelectual necesaria para advertir esas situaciones e incidir en su corrección y superación, además de no hacerlo con el mismo fervor como tantas veces lo ha hecho con otro tipo de situaciones. Su omisión fue un aliento para esos procesos, situación que -al menos- lo convierte en cómplice.
El modelo imperante es la tergiversación (en algunos casos involuntaria, en otros no) en la aplicación de los mecanismos para establecer lo que toda política económica y social se supone persigue: el bienestar general a través de la satisfacción de necesidades mediante la oportuna utilización de los recursos.
Esa tergiversación se funda en varios aspectos caracterizados principalmente por la falta de protagonismo del Estado en lo que más debiera protagonizar. En primer lugar, es marcado el descuido del rol que el Estado debe perseguir en procura de un crecimiento justo y equitativo, además de su marcada ausencia en el dictado de las estrategias generales para definir un rumbo a seguir. El Estado prescindente ha desocupado un espacio que ha sido reocupado ya sea por los fuertes intereses personales y sectoriales, capaces de utilizar la fuerza física o del dinero para imponerse, o incluso por precarios e informales mecanismos horizontales que, a su manera, establecen un extraño nuevo orden.
Otra de las graves falencias es la de no cubrir satisfactoriamente las necesidades legislativas que requiere una adecuada organización.
Los estamentos legislativos, han respondido plenamente al modelo indicado como de “Economía de Intereses Particulares”. En dos décadas de actividad legislativa no se ha construido la red de leyes que estipulen en forma clara y coherente las reglas de juego permanentes para la consolidación de la República, basadas en la igualdad, el respeto, la defensa de los intereses sociales, la obtención equitativa del bienestar y el crecimiento económico general.
El ámbito de los medios de comunicación es uno de los más representativos. En este lapso el Congreso Nacional no pudo ofrecer una ley que reemplace a la número 22.285 de Radiodifusión, emitida por los militares en 1980. Menos aún se les puede pedir haber cumplimentado con el establecimiento de reglas de juego para el funcionamiento de los sistemas de cable, la emisión y recepción satelital, la transmisión de datos por distintos soportes tecnológicos, la convergencia tecnológica o las flamantes radio y televisión digitales. En ese contexto y en ese lapso de tiempo, en el ámbito de los medios electrónicos, ocurrió cualquier cosa, que es decir la imposición del más fuerte por cualquier mecanismo sin que a nadie, de los que deberían bregar por ello, se les moviera un pelo.
En cuanto a decenas de proyectos que han circulado por distintos pasillos oficiales con textos que pretendían reemplazar a la mencionada ley producían como mínimo pavura. Mientras en algunos casos se trataba de fieles reflejos de los intereses particulares o de sector, en otros, eran una burda copia -algo modificada- de la ley que pretendían superar. En todos los casos la sensación era la misma y se orientaba más hacia la idea de acomodar ciertas cosas al momento inmediato, que en proyectar una actividad no solo económica, sino socialmente estratégica hacia el futuro, movidos por la consolidación de un sistema social, político y económico moderno, digno para cada ciudadano argentino.