Algunas opiniones de los lectores de este blog subrayan el valor de la educación, que tan descuidada tenemos en Argentina. En ese contexto transcribo una columna emitida por radio hace algunos meses y propondré, en días sucesivos, algunas otras reflexiones…
A partir de la decisión en universidades públicas, como la de La Plata o en carreras determinadas, como medicina, de eliminar las instancias de ingreso a través de exámenes, se abre un debate en la Argentina.
Como todo fenómeno de opinión pública es importante que el debate se produzca por un tiempo considerable, participen todos los sectores involucrados e interesados y finalmente se arriben soluciones a partir de amplios consensos públicos. Tal como debería suceder en todos los casos en sociedades modernas, plurales y con un objetivo supremo: el de la propia superación.
El debate del ingreso parte sobre el reconocimiento del derecho a recibir la misma educación, por parte de todos los ciudadanos. Y como bien indican algunos observadores, todo derecho implica una serie de obligaciones o deberes. El derecho del que accede a la educación es responder por lo que recibe, es decir demostrar que la inversión, la energía, los esfuerzos y recursos humanos que fueron orientados a sustentar su derecho tiene una contraparte: el de haber hecho buen uso de esos recursos, es decir, haber estudiado.
En la Argentina pos-ochenta hemos hecho tal vez mucho hincapié en nuestros derechos, aquellos que otrora fueron violados, avasallados, atropellados y muchos de ellos, todavía, lo siguen siendo. Pero, más de las veces, nos hemos olvidado de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, y esas obligaciones, generalmente, están contemplando nuestra relación con los otros, nuestro próximo, nuestro igual en las relaciones sociales, nosotros mismos como un todo social.
Es decir reclamamos nuestro derecho a transitar pero, a la vez, ¿asumimos nuestra responsabilidad sobre permitir y facilitar que otros transiten? Si nuestro derecho a elegir debe convertirse en una reivindicación democrática. ¿No tenemos la obligación de prepararnos para elegir, de conocer cómo elegimos, a quién y qué grado de responsabilidad asumiremos sobre los errores de nuestros representantes? ¿No tenemos acaso la obligación de prepararnos e informarnos debidamente al momento de elegir?
Y si se trata de declamar el derecho de ser elegidos, ¿no corresponde como contraparte el prepararse para asumir representación con idoneidad, integridad moral y responsabilidad de actos por acción, error y omisión? ¿No corre el deber de capacitarse, actualizarse y llevar una vida austera, transparente y coherente?
Volviendo a los derechos y deberes en la educación, la Constitución de Japón incluye, como nosotros y muchos otros, el derecho a recibir una educación igual, pero agrega, “de acuerdo con sus habilidades”.
Dice la Constitución de Japón: “Existe una educación obligatoria que es gratuita y los mayores a cargo de niños, tienen la obligación de hacer que los niños reciban esa formación. Todos tendrán igualdad de oportunidades de recibir educación de acuerdo con sus habilidades y nadie se verá sometido a discriminación en educación por razones de raza, credo, sexo, estado social, posición económica, u origen familiar”.
¡Qué lindo que alguno de estos conceptos figure en nuestras constituciones y leyes! Y, más allá de figurar, que se respeten y apliquen.
En otro párrafo se señala que “el estado y los organismos oficiales adoptarán medidas para dar ayuda financiera a aquellos que, teniendo habilidad, encuentran dificultades económicas para recibir educación”.
En nuestro orden de cosas, seamos sinceros, nuestros jóvenes con habilidades (que no son hijos de, o no tienen una confortable posición económica o social) deben arreglárselas como puedan o esperar de alguna beca externa o una jugada del azar, para que los impulse hacia mejores posiciones o incluso lo hunda en el olvido y el desperdicio de tan valioso recurso humano.
A partir de la decisión en universidades públicas, como la de La Plata o en carreras determinadas, como medicina, de eliminar las instancias de ingreso a través de exámenes, se abre un debate en la Argentina.
Como todo fenómeno de opinión pública es importante que el debate se produzca por un tiempo considerable, participen todos los sectores involucrados e interesados y finalmente se arriben soluciones a partir de amplios consensos públicos. Tal como debería suceder en todos los casos en sociedades modernas, plurales y con un objetivo supremo: el de la propia superación.
El debate del ingreso parte sobre el reconocimiento del derecho a recibir la misma educación, por parte de todos los ciudadanos. Y como bien indican algunos observadores, todo derecho implica una serie de obligaciones o deberes. El derecho del que accede a la educación es responder por lo que recibe, es decir demostrar que la inversión, la energía, los esfuerzos y recursos humanos que fueron orientados a sustentar su derecho tiene una contraparte: el de haber hecho buen uso de esos recursos, es decir, haber estudiado.
En la Argentina pos-ochenta hemos hecho tal vez mucho hincapié en nuestros derechos, aquellos que otrora fueron violados, avasallados, atropellados y muchos de ellos, todavía, lo siguen siendo. Pero, más de las veces, nos hemos olvidado de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, y esas obligaciones, generalmente, están contemplando nuestra relación con los otros, nuestro próximo, nuestro igual en las relaciones sociales, nosotros mismos como un todo social.
Es decir reclamamos nuestro derecho a transitar pero, a la vez, ¿asumimos nuestra responsabilidad sobre permitir y facilitar que otros transiten? Si nuestro derecho a elegir debe convertirse en una reivindicación democrática. ¿No tenemos la obligación de prepararnos para elegir, de conocer cómo elegimos, a quién y qué grado de responsabilidad asumiremos sobre los errores de nuestros representantes? ¿No tenemos acaso la obligación de prepararnos e informarnos debidamente al momento de elegir?
Y si se trata de declamar el derecho de ser elegidos, ¿no corresponde como contraparte el prepararse para asumir representación con idoneidad, integridad moral y responsabilidad de actos por acción, error y omisión? ¿No corre el deber de capacitarse, actualizarse y llevar una vida austera, transparente y coherente?
Volviendo a los derechos y deberes en la educación, la Constitución de Japón incluye, como nosotros y muchos otros, el derecho a recibir una educación igual, pero agrega, “de acuerdo con sus habilidades”.
Dice la Constitución de Japón: “Existe una educación obligatoria que es gratuita y los mayores a cargo de niños, tienen la obligación de hacer que los niños reciban esa formación. Todos tendrán igualdad de oportunidades de recibir educación de acuerdo con sus habilidades y nadie se verá sometido a discriminación en educación por razones de raza, credo, sexo, estado social, posición económica, u origen familiar”.
¡Qué lindo que alguno de estos conceptos figure en nuestras constituciones y leyes! Y, más allá de figurar, que se respeten y apliquen.
En otro párrafo se señala que “el estado y los organismos oficiales adoptarán medidas para dar ayuda financiera a aquellos que, teniendo habilidad, encuentran dificultades económicas para recibir educación”.
En nuestro orden de cosas, seamos sinceros, nuestros jóvenes con habilidades (que no son hijos de, o no tienen una confortable posición económica o social) deben arreglárselas como puedan o esperar de alguna beca externa o una jugada del azar, para que los impulse hacia mejores posiciones o incluso lo hunda en el olvido y el desperdicio de tan valioso recurso humano.
1 comentario:
Buen Dia, que tal.
De acuerdo.
Los examenes de ingreso son un mal necesario: no cualquiera "tiene derecho a recibir Educación" tienen que ganarselo. Las universidades públicas tambien cuestan.
Para mi es un debate abierto y absolutamente ambiguo.
Carlos Tommasi.
Publicar un comentario